La corporación municipal de Castellón instará en bloque en el pleno del jueves --a través de una declaración institucional-- a que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra «impulse y estudie las fórmulas administrativas más adecuadas y rápidas para devolver, con la mayor celeridad posible, el importe del copago indebidamente aplicado a las personas dependientes del 2012 al 2015 por el Gobierno del PP».

Es un giro de tuerca más para que el dinero indebidamente cobrado, en base a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, llegue por fin a los 3.000 dependientes afectados de la provincia que, a través de la Plataforma de la Dependencia de Castellón decidieron, a finales de mayo, pedir amparo de forma masiva al Síndic de Greuges ante los impagos del Consell.

Y es que, tal y como denunció la presidenta de la entidad, Carmen Santamaría, desde que el 23 de septiembre acabara el plazo que el propio ejecutivo autonómico dio para que los usuarios realizaran sus reclamaciones, no habían obtenido respuesta alguna. Justo un día después de esa acción, y como ya recogió este periódico, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas anunció que ampliaría «próximamente» el equipo encargado de resolver los expedientes por los que debe devolver a los dependientes los copagos. En concreto, avanzaron que se incorporarían siete técnicos que se sumarán a los cinco que ya tiene el departamento, sumando 12. Además, dijeron que contratarían otros 12 trabajadores de forma temporal.

La solicitud se materializa mediante una declaración institucional aprobada ayer en la junta de portavoces previa al pleno, presentada por el bipartito --PSPV y Compromís--, junto con Castelló en Moviment; y respaldada por PP y Ciudadanos. También se aprobó otra propuesta, del grupo popular, para solicitar la implantación de un servicio gratuito y especializado de atención y asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida en los desplazamientos en trenes de Cercanías; y otra del equipo de gobierno para sumar a Castellón a la red de ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.

LEY DE LA VIVIENDA, VETADA // No llegarán a la sesión del jueves, por no obtener ayer la unanimidad, la declaración de PSPV, Compromís y CSeM para pedir la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de función social de la vivienda de la Comunitat, vetada por PP y Cs; ni la petición de CSeM y Compromís para derogar las leyes de racionalización de la administración; ni tampoco la de Cs para reducir el impuesto de sucesiones.