La sede de la Policía Autonómica podría regresar al centro de Castellón, al edificio de los antiguos juzgados de la plaza Borrull, que compartiría con los servicios sociales, de igualdad y de políticas inclusivas, y con la Biblioteca de la Dona. Su traslado desde Tetuán está sobre la mesa de las negociaciones entre Ayuntamiento y Generalitat para dotar de contenido y cogestionar el inmueble.
La alcaldesa, Amparo Marco, confirmó a este periódico esa posibilidad que, a su parecer, favorecería la proximidad de este cuerpo de seguridad con la ciudadanía, si bien matizó que el traslado es una decisión que depende de la administración autonómica, no del consistorio.
La Policía Autonómica, con una plantilla en Castellón que ronda los 80 agentes, tiene su sede en un edificio de Tetuán, situado junto al de la Policía Local y al lado del parque de bomberos. Están en esta ubicación desde marzo del 2005, hace 12 años. Antes, desde 1993 hasta el 2005, ocuparon la tercera planta de la Casa dels Caragols de la céntrica calle Mayor. Fuentes del cuerpo consultadas por este periódico, aseguran que el regreso de la sede de la Policía Autonómica al corazón de la ciudad permitiría recuperar esa proximidad con los vecinos, facilitando cualquier trámite.
CONVENIO // El protocolo que cerrará estas negociaciones se firmará previsiblemente tras las vacaciones de Semana Santa, según avanzó en Castellón esta misma semana la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Con el traslado de la Policía Autonómica todavía en el aire, lo que sí es seguro es que el edificio de los antiguos juzgados de Castellón unificará los servicios sociales, de igualdad y de políticas inclusivas del Ayuntamiento y de la Generalitat, y que será la sede de la Biblioteca de la Dona, según aseguró la vicepresidenta del Consell.
El edificio es propiedad de la administración autonómica, está cerrado desde hace 11 años y tiene 11.000 metros cuadrados. Está incluido en el plan de activación de inmuebles en el que están trabajando desde enero ambas administraciones públicas con el objetivo de dar uso a edificios y solares a los que no se les está sacando rendimiento. Con ello se busca poner en valor el patrimonio público, que lo puedan disfrutar los ciudadanos y a la vez reducir el importe de alquileres, que ronda los 200.000 euros en la ciudad de Castellón, por parte de la Generalitat, según cifró el mismo presidente Ximo Puig en el anuncio de este plan.
