El anuncio del Plan de Cercanías del Ministerio de Fomento para la Comunitat hasta el 2025, que incluye la prolongación de la línea C-6 València-Castellón hasta Vinaròs, ha abierto una nueva batalla política, la que libran el Gobierno y el PP, por un lado, y los partidos más alejados de ellos en el espectro político, a los que se suma también el Consell.

Por un lado, defienden el «firme compromiso» del Ejecutivo central con la Comunitat al plantear unas infraestructuras «que vertebren el territorio y sirvan para frenar la despoblación», como el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, señaló ayer. También el presidente del PP provincial, Miguel Barrachina, que se reunió con alcaldes y portavoces de la zona y con el subdelegado del Gobierno, David Barelles, resaltó que es «un Gobierno del PP quien hace avanzar a Castellón mientras la izquierda critica y no invierte ni un euro». Ante esto, afirmó: «Lo que debería hacer la oposición es colaborar como hacen los gobiernos de otras comunidades».

El punto de vista del Consell es diferente. En Castellón, el president Ximo Puig consideró «bastante lamentable» que se haya tardado «tanto tiempo» en materializar la prolongación de los Cercanías al Maestrat cuando el déficit de la línea «está por debajo de los cinco millones de euros y serán miles y miles los beneficiados». Puig calificó de «muy positivo» el «acuerdo» al que se ha llegado gracias «al diálogo» y que incluye puntos, como la prolongación de los Cercanías a Vinaròs, que no recogía el citado plan en un primer momento.

Más inversión

También la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, destacó que ese «espacio de negociación» ha posibilitado que la inversión del Plan aumente de los 800 millones inicialmente previstos por Fomento a los 1.400 actuales. Asimismo, Salvador pidió que esa colaboración «continúe y sea permanente». No en vano, se ha fijado una comisión entre ambas administraciones que se ha de reunir dentro de medio año para evaluar el grado de cumplimiento del ambicioso plan.

Y es que el Consell estará «vigilante» en este aspecto, como dijeron Puig y Salvador, pero también el secretario general del PSPV en la provincia, Ernest Blanch, o Mónica Álvaro (Compromís), Iñaki Vallejo (Castelló en Moviment), Enric Pla (Podem) y Ricardo Sixto (EU). Todos ellos atribuyeron el anuncio a la «reclamación histórica» de los alcaldes y sociedad civil (en palabras de Álvaro), lo que ha motivado que el Gobierno haya «dado su brazo a torcer», apuntó Blanch.