La aprobación de la última acta finiquitó ayer la comisión especial sobre transparencia y buen gobierno, cuyos integrantes han sido capaces de salvar las diferencias políticas para pactar ocho grandes acuerdos que entrarán en vigor tras las elecciones municipales del 24 de mayo, cuando tome posesión la nueva corporación. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, compareció ayer para felicitar a los representantes del PP, PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida por el consenso alcanzado desde enero del 2014 y aseguró que, si alguna formación como Ciudadanos, Castelló en Moviment o UPyD lograra acceder al consistorio tras el 24-M, “se les ofrecerá” sumarse al acuerdo.
El inédito pacto negociado en los últimos 15 meses en las cinco mesas de diálogo que se crearon amplía las cotas de transparencia. Por ejemplo, el gobierno municipal salido de las urnas en mayo creará un registro público de obsequios o invitaciones por parte de empresas privadas.
También habrá un compromiso escrito de apartar de cualquier eventual gobierno a un concejal tránsfuga y que, de esa forma, no pueda crear un grupo municipal nuevo para percibir subvenciones. Los imputados por corrupción también serán despojados de sus cargos municipales.
El acuerdo abre la puerta a regular la celebración de referendos vecinales en Castellón excepto en temas de Hacienda, así como a fomentar la participación de los ciudadanos en los plenos municipales y a través de internet.
La comisión fija un tope salarial para el alcalde de 3,5 veces el sueldo del empleado que menos cobre --unos 73.000 euros brutos anuales-- y abre la puerta a desarrollar el llamado gobierno abierto a través de internet. H
