La portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, anunció ayer que presentará un recurso ante los tribunales y ante el Defensor del Pueblo «por el decreto del chantaje lingüístico» que el conseller de Educación, Vicent Marzà, «va a imponer en el sistema educativo valenciano».

«Hay indignación y preocupación en la comunidad educativa», señaló, calificando de «vergonzoso el trámite seguido por Educación, saltándose todas las mesas de negociación e impidiendo la participación de la comunidad educativa». «Una de las normas más importantes se hace por la puerta de atrás, chantajeando y vulnerando los derechos de los estudiantes y de sus padres. No se puede gobernar dejando de lado a una parte importante de la población que ha mostrado su rechazo a esta norma», destacó.

La diputada por Castellón reiteró que «a Marzà no le tiembla la mano al arrancar la maquinaria para catalanizar la educación».

El decreto se recurre «por ilegal, al vulnerar derechos recogidos en la Constitución y en el Estatuto de autonomía; por adoctrinar al alumno; seguir la hoja de ruta del independentismo catalán; coaccionar y chantajear a las familias con las opciones, y por las desigualdades que crea», apostilló ayer, explicando que «es una extorsión, porque da más inglés a cambio de más valenciano; sí es posible potenciar el valenciano y el inglés sin necesidad de penalizar el castellano».