Lo habrá notado cuando llena el depósito de su automóvil. También cuando entra en el supermercado y compra algo de fruta y verdura. O cuando sale a cenar a un restaurante. Y lo habrá notado porque la inflación ha vuelto a la economía. Durante los años más duros de la crisis, los precios se mantuvieron en tasas negativas y eso ayudó a amortiguar la situación de miles de hogares de Castellón zarandeados por el paro, la devaluación de los salarios y la congelación de las pensiones. Ahora las cosas han cambiado radicalmente y la recuperación económica ha tirado de los precios, que vuelven a subir con fuerza. El problema es que los salarios pactados en convenio marchan al ralentí y eso complica la vida a decenas de familias de la provincia.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer pública la tasa de inflación del mes de mayo. Durante ese mes, el IPC se disparó el 2,1% en España y en Castellón se incrementó en el mismo porcentaje. La culpa de ese subidón la tienen los carburantes que se encarecieron un 4,1% el mes pasado, lo que contrasta con la caída del 2,5% del mismo mes de 2017, con lo que la subida interanual se aúpa al 11%. La otra casilla que empuja al IPC es la de vivienda, que sube un punto y medio, hasta el 2,3%, por el encarecimiento de la luz, que se sitúa en el 6,4% interanual. Pero hay otros productos cuyos precios se han disparado. La carne lo ha hecho por encima del 2,3%, el pescado fresco y congelado se ha incrementado un 3,4%, los huevos lo han hecho un 4,1% y las frutas frescas, un 8,7%. ¿La conclusión? En el último año, los precios en en la provincia han subido un 2,1%, mientras que los salarios de los trabajadores pactados en convenio y las prestaciones de los pensionistas han aumentado, pero lo han hecho mucho menos.

Mientras el coste de la vida aumenta un 2,1% en Castellón, los sueldos pactados en convenio lo han hecho un 1,29%, o lo que es lo mismo, un 0,81% menos que el IPC. Los último datos que maneja el del Ministerio de Empleo y Seguridad Social revelan que de enero a mayo de este año se han firmado en la provincia 52 convenios laborales que han afectado a 30.659 trabajadores. Y el incremento salarial medio pactado ha ascendido a 1,29%, apenas 27 décimas más que la subida registrada en los 47 acuerdos que se suscribieron en los cinco primeros meses del 2017. Los salarios este año suben menos en Castellón que en el conjunto nacional, donde lo hacen un 1,59%, En la Comunitat Valenciana, el incremento medio es del 1,63%.

el pensionista PIERDE DINERO // Si más de 30.000 trabajadores de Castellón están perdiendo poder adquisitivo, la situación de los casi 130.000 pensionistas todavía es más grave. Las prestaciones de jubilados y viudas han aumentado este año un 0,25%, es decir, ocho veces menos de lo que lo han hecho los precios. Pero es que, además, y aunque este año se aplique la revalorización prevista en los Presupuestos Generales del Estados (PGE), y que contempla un alza de las pensiones del 1,6%, el colectivo seguirá perdiendo poder de compra.

El desequilibrio entre lo que cuesta la vida y lo que ganan la mayoría de los trabajadores y pensionistas es una constante fuente de malestar social. De ahí que la agenda política esté ahora muy condicionada por tres asuntos: el Pacto de Toledo, y cómo ligar las pensiones al IPC; la negociación colectiva; y la posibilidad de retocar una reforma laboral que, en gran medida, despojó a los trabajadores de su poder de negociación. El Pacto de Toledo ya está cerca de cerrar un acuerdo para volver a vincular las pensiones al IPC de forma automática, aunque el cambio empezará a aplicarse, como pronto, en 2019.

Además, y como era de esperar, la subida de la tasa de inflación ha espoleado las demandas de los sindicatos por un incremento sustancial de los salarios en la negociación que mantienen con la patronal. «La inflación va a repuntar en lo que queda del año, lo que supondrá una pérdida de poder adquisitivo para miles y miles de trabajadores, algo que no es admisible en una economía como la española que crece por encima del 3%», aseguran desde UGT. Los distintos agentes sociales demandan un mínimo del 3,1% y, además, exigen que el salario mínimo en los convenios sea de 1.000 euros mensuales.