El Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS) ha premiado a la Diputación con el galardón al mejor plan de innovación. Se trata del principal encuentro nacional sobre administración electrónica. Un reconocimiento que, según fuentes de la institución, ensalza «los avances realizados por el gobierno provincial a la hora de hacer de la administración una institución abierta, útil, cercana y transparente a sus vecinos».
El diputado de Modernización, Luis Martínez, recogió ayer el galardón en la gala celebrada en Madrid. Este premio, a juicio del ente provincial, reconoce el «intenso trabajo» realizado desde la institución para abrir «de par en par» la gestión a todos los castellonenses y transformarse en una administración electrónica «integral y sostenible», concretó.
Martínez destacó que este premio «avala» ante representantes de numerosas administraciones públicas, empresas del sector y expertos «la apuesta clara y decidida del presidente, Javier Moliner, por seguir implementando todas aquellas iniciativas y políticas para reafirmarse como un referente a nivel nacional en materia de ética pública y transparencia y generen valor social a través de la innovación pública».
Los VII Premios CNIS han puesto en valor los avances realizados por la Diputación gracias a su estrategia de innovación y creación de valor público del gobierno provincial, una herramienta a nivel tecnológico que ha permitido poner en pleno funcionamiento una plataforma de tramitación electrónica de expedientes administrativos, aprobar una ordenanza de administración electrónica e implantar con éxito la licitación electrónica en determinados contratos y la tramitación de todas las facturas de proveedores de más de 5.000 euros.
HOJA DE RUTA // Martínez resaltó que, gracias a esta hoja de ruta marcada a través de la estrategia provincial de innovación, hace año y medio que se aprobó la ordenanza de transparencia y gobierno abierto y se puso en marcha el portal de transparencia. Algo que, según puntualizó Martínez, les llevó a convertirse «en la primera administración que se sometía a una auditoría externa de transparencia». Todo ello, además de la aprobación a finales del pasado año de la llamada comisión de ética institucional.
