El president de la Generalitat, Ximo Puig, exige «cerrar» el nuevo modelo de financiación autonómica, que supere el actual, muy discriminatorio con el territorio valenciano, antes de emprender la «necesitada» reforma constitucional. Esta será una de las propuestas que el Consell consensuará en enero en Vinaròs y que Puig llevará después al Congreso, con lo que será el primer Gobierno autonómico en solicitar la reforma de la Constitución, tal y como Mediterráneo informó ayer.

En el día en que se cumplieron 39 años de la Carta Magna de 1978, Puig recordó en el acto de celebración de la Generalitat, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se había comprometido a reformar la financiación autonómica a lo largo de este 2017, algo que «hasta este momento no se ha conseguido». «Pero quedan días y los primeros meses del 2018, y en ese plazo hay que encontrar una solución para acabar con profundas asimetrías y desigualdades en España», enfatizó el jefe del Consell. Tras «cerrar el modelo de financiación», habrá que «constitucionalizarlo (en la reforma) para garantizar para siempre que haya equidad entre los españoles», insistió ayer el president.

De la aportación del País Vasco y Navarra, Puig considera «evidente que todos los territorios tienen que aportar a una caja común de solidaridad». Además señaló que el Consell pide una condonación de la deuda pero no «al uso», como la que piden terceros países, sino «una compensación financiera en diferido».

Sobre la reforma constitucional, el president demandó que los valencianos sean «una parte activa» de los cambios, que deben partir de «la pluralidad de las ideas y la diversidad de los territorios» para avanzar hacia un «federalismo cooperativo». Asimismo, defendió que tras la reforma, la Constitución debe mejorar «la inclusión social».

En Alicante, Puig reconoció la defensa de las libertades constitucionales al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, a título póstumo, y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).