La reforma de los antiguos juzgados de la plaza Borrull para convertirlos en la sede de los servicios sociales municipales y de la Dirección Territorial de Bienestar Social, entre otros usos, está presupuestada en unos 12 millones de euros aproximadamente. Una obra cuyo coste asumiría el Ayuntamiento de Castellón después de que la Generalitat le transfiera la propiedad del inmueble, que tiene un valor de unos 6 millones.

A finales de este mes de mayo está previsto firmar el convenio entre las administraciones autonómica y municipal en el que se detallarán los pormenores de este traspaso de titularidad y posterior rehabilitación del edificio, que está cerrado desde el año 2006, cuando se inauguró la Ciudad de la Justicia y se trasladaron los juzgados a Blasco Ibáñez.

En dicho documento se especificará el reparto de espacios de los alrededor de 11.000 metros cuadrados del inmueble, que se hará con respecto al dinero aportado en la operación por cada administración. Según ha podido saber este periódico, la distribución será, aproximadamente, de un 75% del espacio para el Ayuntamiento y el 25% restante para servicios de la Generalitat.

Tras la firma del convenio se buscarán las vías de financiación municipal de la reforma, que todavía no tiene fecha de inicio.

USOS // Por ahora, ha trascendido que los antiguos juzgados de Castellón acogerán los servicios, municipales y autonómicos, de bienestar social, igualdad y políticas inclusivas, y una biblioteca de la dona. La misma alcaldesa, Amparo Marco, y también la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, han reiterado en varias ocasiones la necesidad de unificar en un mismo edificio todos los servicios sociales para mejorar la atención al ciudadano.

También está sobre la mesa la posibilidad de que se abra una subsede de la Policía Autonómica, manteniendo la caserna de Tetuán, de modo que el servicio regresaría al centro de la ciudad, recuperando la proximidad con el ciudadano que tenían en la Casa dels Caragols, cuya tercera planta ocuparon de 1993 a 2005.

PLAN DE INMUEBLES // La reforma y cogestión del edificio de la plaza Borrull forman parte de un plan de activación de inmuebles que son propiedad de la Generalitat valenciana, para volver a dar uso a edificios vacíos o a solares que están sin edificar. En la ciudad hay 18 propiedades en esta tesitura, entre ellas la exsede de la VIU en la calle Mayor.