Generalitat y Ayuntamiento de Castellón han firmado el protocolo de cesión del edificio de los antiguos juzgados de la plaza Borrull por el que el inmueble se convertirá en sede de servicios sociales. Es el primer paso para dotar de contenido a un continente que ha estado en desuso desde hace 11 años y cuya rehabilitación "empezará en 2018", según avanza el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aunque no hay una fecha para su finalización. En cuanto a la financiación de las obras, valorada en aproximadamente 12 millones de euros, y que asumirá el Ayuntamiento, la alcaldesa, Amparo Marco, descartó que se asuma con el superávit y optó por la posibilidad "de pedir un préstamo". La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, por su parte, destacó "la rehabilitación de Borrull es una metáfora de la rehabilitación de los servicios sociales".
En el documento del protocolo de cesión se especifica el reparto de espacios de los alrededor de 11.700 metros cuadrados del inmueble, que se hará con respecto al dinero aportado en la operación por cada administración. La distribución será, según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, de entre un 65 y un 75% del espacio para el Ayuntamiento y el 25-35% % restante para servicios de la Generalitat.
