La dirección del Hospital Provincial de Castellón no da su brazo a torcer en el conflicto judicial que le enfrenta a la Diputación y, tal como anunció el día que se dio a conocer la sentencia, está buscando vías para recurrir la decisión del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Castellón, que determinó la anulación del acuerdo aprobado en el consejo de gobierno de octubre del 2016. En el mismo se preveía la amortización de 17 plazas de trabajadores, punto que generó la disputa entre ambas partes, representadas al 50% en este órgano.

Y es que pese a que la sentencia indica «notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno», desde el departamento jurídico del centro hospitalario se considera que sí que hay espacio para la reclamación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El motivo principal es que desde la institución asumen como válidos los acuerdos del consejo de gobierno y, por tanto, no existe la intención de ejecutar la sentencia, tal y como están demandando desde el sindicato CCOO y desde la Diputación, que tildan la resolución de definitiva.

Desde la dirección del Consorcio Hospitalario Provincial defendieron tras conocer el fallo que hacía referencia expresa a la creación de plazas estructurales en el centro y que no aludía a despidos, como se había defendido desde la Diputación provincial: «El acuerdo aprobado por el consejo de gobierno del Consorci en octubre de 2016 no contempla despidos, sino que recoge la creación de 109 nuevas plazas estructurales y la amortización de plazas que se encontraban vacantes desde hacía tiempo y que por ley no se podían cubrir al ser de naturaleza funcionarial».