El Ministerio de Industria se aferra a la posibilidad de encontrar una actuación dolosa o negligente de la empresa promotora del proyecto Castor (Escal UGS) para tratar de evitar la indemnización (que puede llegar a 1.700 millones de euros) o al menos parte de ella. Esta parece ser la razón por la que el organismo estatal está sondeando la opinión de expertos internacionales en sismicidad y actuaciones similares, una información que ayer recogió este diario después de que el ministro José Manuel Soria así lo indicase.
Fuentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo no quisieron ayer pronunciarse a este respecto, pero sí reconocieron que, aunque en su sentencia 4911/2013 del pasado 14 de octubre el Tribunal Supremo rechazó suprimir la famosa cláusula del contrato de construcción y explotación de la planta --que obliga al Estado a pagar por las instalaciones aunque hubiese habido dolo o negligencia por parte de Escal UGS--, esto no evita que, si se demuestra que hubo este dolo o negligencia, el Gobierno pudiese denunciarla para de esta forma rebajar el pago o evitarlo.
Diversas fuentes cercanas al proyecto han confirmado a este diario que esta es la intención del Ministerio que, como reconoció el martes Soria, ya tiene el informe del Instituto Geológico y Minero (Igme), una noticia que avanzó Mediterráneo. El ministro no quiso dar más detalles de este informe que, según las fuentes, apunta el riesgo de producirse nuevos seísmos si se retoma la actividad de inyección de gas.
sin plazos // Ante esta tesitura, a preguntas de este diario, desde el Ministerio no quisieron detallar a qué expertos internacionales se ha consultado, ni cuándo tendrán las respuestas sobre el proyecto y la crisis sísmica que provocó (más de 600 miniseísmos entre septiembre y octubre).
A este respecto, desde la Diputación de Castellón afirmaron no estar preocupados por la tardanza que pueda suponer la consulta porque el almacén “ya está cerrado y va a mantenerse así”. En este sentido, destacan que lo más importante es “que el informe sea lo más elaborado y fundamentado posible” para que este aspecto quede “bien resuelto”.
También desde la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo señalaron que están de acuerdo en “que se pidan los informes que hagan falta” pero mientras tanto el almacén de gas “debe seguir cerrado”. Recientemente los ayuntamientos implicados acordaron solicitar prorrogar la suspensión cautelar y formaron un “frente común” para pedir responsabilidades.
Desde la empresa rechazaron hacer cualquier declaración a falta de la decisión de Industria.
La Unió de Llauradors i Ramaders ha manifestado su “oposición frontal” al proyecto. H
