El Gobierno no sabe todavía cuándo estará en disposición de decidir qué hace con el almacén de gas natural Castor y sigue enredado en una maraña legal en la que trata de encontrar una salida (presumiblemente el desmantelamiento de la instalación) que no le resulte gravosa para sus arcas.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, señaló ayer respecto al proyecto gasístico --que lleva paralizado desde finales de septiembre pasado, cuando se produjo una crisis sísmica que puso en alerta a las localidades cercanas, fundamentalmente a Vinaròs--, que el Gobierno se mantiene a la espera del informe “definitivo” de los técnicos antes de adoptar una decisión sobre su futuro. Cabe recordar que la mayor parte de actores implicados optan por el desmantelamiento definitivo de la plataforma y la planta terrestre de gas, algo que podría costarle al Estado 1.700 millones de euros y verse además con el hecho de no contar con una infraestructura para la red gasística estatal.

lío jurídico // En este contexto, Nadal señaló ayer que es posible “que los informes no resuelvan todas las preguntas que tenemos planteadas”. La frase es cuando menos curiosa, ya que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya cuenta desde principios de noviembre, como informó Mediterráneo, con el informe del Instituto Geológico Minero sobre las causas de la crisis sísmica. Así, simplemente espera la auditoría que debe determinar si, a pesar de la cláusula incluida en el contrato, puede desmantelar la instalación sin tener que pagar la indemnización a Escal UGS si esta ha actuado con dolo o negligencia, tal como también informó este diario meses atrás.

Eso sí, en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en que pronunció estas palabras, Nadal aseguró que “no va a haber reanudación de la actividad” en la planta hasta que el Gobierno no tenga garantizada al 100% la seguridad del entorno, tal y como piden los alcaldes de la zona.

Además, el secretario de Estado de Energía apuntó que en el proceso en marcha “vamos a seguir estrictamente el criterio de los técnicos sobre seguridad de la planta y su impacto sobre las formaciones de la zona”, una lógica a la que apelaron los vecinos. H