La Subdelegación del Gobierno hizo público ayer un comunicado tras el escándalo de las facturas falsas del organismo gubernamental. La institución asegura que el hasta ahora delegado de gastos ha sido suspendido de empleo y sueldo. «Abrí un expediente disciplinario, separando de sus funciones a una persona que en estos momentos no está prestando sus servicios profesionales en la Subdelegación», afirma David Barelles.

«Tan pronto se detectó la presunta irregularidad en el uso de los recursos económicos, puse estos hechos en conocimiento de la policía, para que llevara a cabo las investigaciones y averiguaciones pertinentes», sostiene el todavía subdelegado.

Asimismo, el máximo responsable del organismo estatal incide en que «las cuentas de la Subdelegación han pasado todos los controles legales y han seguido todos los mecanismos de validación que establece la Administración General del Estado. Todas las facturas habían pasado los controles a todos los niveles administrativos sin levantar ninguna sospecha».

En referencia al proceso judicial, Barelles afirma: «Cuando la investigación policial derivó hacia un procedimiento judicial, solicité a la Abogacía del Estado que se personara en el caso como acusación particular». Además, el subdelegado asevera: «Desde el primer momento ofrecí toda la colaboración con la justicia y los investigadores, facilitando cuanta documentación han requerido».

Desde la Subdelegación abogan por defender el «buen nombre» de los trabajadores que desarrollan su labor. «Se trata de un colectivo que es muy profesional, cualificado, entregado, responsable, honrado y que ejerce sus funciones de manera escrupulosa. La mala práctica de alguna persona o algunas personas no pueden ni deben empañar el buen nombre del trabajo y los servicios que se prestan», dice Barelles.

NUEVO DELEGADO

El nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, remarcó ayer martes, tras su toma de posesión, la «gravedad» del escándalo de la Subdelegación. «Existe una investigación interna en paralelo a la judicial», dijo. «Los funcionarios que detectan una situación, hacen comprobaciones y lo trasladan», indicó Fulgencio.