La Inspección de Trabajo está investigando la presunta cesión ilegal de trabajadores del Consorcio Hospitalario Provincial al resto de la red pública de Sanidad en Castellón, a raíz de una denuncia que ha desembocado en un requerimiento a la junta de personal que obliga a declarar a parte de sus miembros, como es el caso del actual máximo responsable, Vicente Montolío.
Las investigaciones, originadas a consecuencia de una denuncia externa, se ciñen en la cesión de personal de los ámbitos de la Psiquiatría y Oftalmología a hospitales como el General y centros de salud como el Rafalafena.
El propio Montolío reconoció ayer estos extremos, aunque justificó la medida como parte de las acciones necesarias para atender la demanda en ámbitos de la Psiquiatría y la Ofaltmología de los diferentes centros, al tiempo que recordó la condición de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública como patrono del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
La cesión de trabajadores está regulada por ley y este caso ha provocado inquietud en buena parte de la esfera sindical del Provincial en un momento en el que se está pendiente de la integración funcional del centro hospitalario al resto de la red de Generalitat y por la actual indefinición que pesa sobre la plantilla, que está a la expectativa de las pautas que marque un informe de recursos humanos encargado por la Conselleria de Sanidad a la UJI. H
