Las cifras judiciales de menores implicados en delitos ha aumentado un 25% en apenas tres años en Castellón. Y además, aunque el 32% de estos delitos de menores son robos con violencia e intimidación, se ha duplicado el tanto por ciento en las agresiones dentro del hogar, pasando de un 5% a un 11% en dos años, con 13 chavales internados en la actualidad. “Hay un desajuste de ciertos patrones, situaciones familiares críticas, que se trasladan a los niños. Y cuando un padre denuncia al hijo es porque ya se han sobrepasado todos los límites”, dice Pablo Mezquita, director de Centros de la Fundación Diagrama, que gestiona Pi Gros en la provincia.

“Hay programas específicos de intervención con ellos y con las familias, y con un bajo nivel de reincidencia”, señala Mezquita.

Los programas más duros, los de internamiento, que en la provincia recaen en el centro de Pi Gros, han pasado de atender a 98 jóvenes en el 2011 a 119 el pasado año. El director de Diagrama explica que “atiende a una realidad social de mayor conflicto”.

VARIADA TIPOLOGÍA // La tipología y las situaciones son variadas. Por ejemplo, un adolescente sale un día enfadado del instituto, en el camino empieza a romper papeleras, llega a casa y sigue con su vida. Hasta que unas semanas más tarde, le llega una citación de la Fiscalía de Menores para declarar por las papeleras que, según varios testigos, rompió. El joven, de un día para el otro, se ve envuelto en un proceso judicial, algo habitual desde que en el 2000 entró en vigor la ley de responsabilidad penal del menor.

En un alud de cifras, Bienestar Social remarca que, en Castellón, en total, se han impuesto 589 medidas firmes y 56 cautelares, la mayoría de ellas, 445 y 45, respectivamente, de régimen abierto, que no necesitan de ingreso en el centro. La ley contempla, para las infracciones menos graves, un beneficio de la comunidad, que persigue que el chico “comprenda que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche y que la prestación que se le exigen es un acto de reparación justo”.

El menor puede acabar condenado a ayudar al municipio a hacer un inventario de mobiliario roto, por ejemplo. En Castellón, el Consell tiene convenios con 24 ayuntamientos y la mancomunidad de Els Ports, en “estrecha colaboración”, en pro de la reinserción. “Pocos reinciden; se dan medidas sancionadoras, pero educativas”, dice Mezquita. H