El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha acordado plantear una cuestión de inconstitucionalidad frente al plan B plurilingüe que Marzà adoptó el pasado septiembre y con el que establecía medidas urgentes para el curso 2017-2018, tras el primer mazazo judicial al plurilingüismo. La Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo considera que la norma aprobada por el Consell no hace sino mantener el modelo lingüístico sobre el uso del valencià en las enseñanzas no universitarias recogido en el decreto suspendido por el alto tribunal valenciano meses antes.
«La Conselleria de Educación no cumplió la orden de suspensión» y, en su lugar, el Gobierno valenciano aprobó el decreto ley de medidas urgentes para la aplicación durante el curso 2017-2018 de los proyectos lingüísticos de centro, convalidado por el pleno de Les Corts.
El TSJ pide al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad del decreto ley por vulneración del artículo 24.1 de la Constitución. El mismo se aprobó, según los magistrados, con la finalidad de impedir la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas que acordaban la suspensión del decreto de plurilingüismo y establecían, además, la forma en que tal suspensión debía ejecutarse.
LA CONSELLERIA / Desde la Conselleria recuerdan que dicho decreto está derogado desde la entrada en vigor de la ley de plurilingüismo --aprobada el pasado día 13 con los votos de los tres partidos que apoyan al Consell y el de los diputados no adscritos que antes pertenecían a Ciudadanos--.
Por ello, desde el área que dirige Marzá inciden en que la decisión judicial «no afecta ni al alumnado de la Comunitat, a sus familias ni al funcionamiento normalizado de los centros».
Además, sostienen que la Generalitat ha cumplido «en todo momento» con aquello que ha dictaminado el TSJCV y recuerdan que el preámbulo del decreto señalaba que era una medida ante la «urgente necesidad» para garantizar la normalidad.
