El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) envió ayer a las partes la ejecución de sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anuló el planeamiento urbano de Castellón al entender que el fallo de finales del 2008 no fue ejecutado correctamente. Así lo aseguraron ayer a Mediterráneo fuentes municipales y de los propietarios de terrenos de la avenida Villarreal que recurrieron al Supremo.
El auto del TSJCV da al Ayuntamiento y a la Generalitat dos meses de plazo para ejecutar la resolución en firme. Según señalaron fuentes vecinales y municipales, la providencia judicial ordena al consistorio volver a exponer el PGOU del año 2000 al público una vez más con todas las modificaciones aprobadas en los últimos 12 años. Por tanto, de ser así no haría falta volver a tramitar el PGOU partiendo desde cero, como temía el Ayuntamiento, sino desde un punto intermedio, lo que mitigaría el tiempo en el que el urbanismo deberá permanecer paralizado.
El consistorio y el Consell tendrán a partir de ahora un plazo de dos meses para ejecutar la resolución ya que los distintos recursos de nulidad interpuestos días atrás ante el Tribunal Supremo no paralizan el nuevo proceso judicial.
