El plurilingüismo del Consell regresa a los tribunales. El plan B de Educación, el nuevo decreto ley, que sustituyó en septiembre solo este curso y a los niños de 3 años, al primer decreto, de enero, pende ahora de un hilo. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha pedido a la Diputación de Alicante, a la Fiscalía y a la Conselleria de Educación --además de a Stepv, Escola Valenciana, Acció Cultural y el MES Algemesí-- que se pronuncien sobre «la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad del decreto-ley de plurilingüismo».

Según la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la norma cuestionada es el decreto ley de septiembre, ya que su propio título y exposición «ponen de relieve que pretende poner en marcha el sistema de educación plurilingüe previsto por la norma suspendida cautelarmente por el propio TSJ».

Ahora, los magistrados señalan que «no se cuestiona la constitucionalidad intrínseca ni del primer texto ni del posterior decreto ley», sino «determinar si la que tiene rango de ley impide o limita la ejecución de la suspensión del decreto --de enero-- acordado por auto del pasado 23 de mayo».

El TSJ considera que este reglamento podría infringir el artículo 86.1 de la Constitución «por no existir extraordinaria y urgente necesidad» para su aprobación, así como el artículo 24.1, que regula «el derecho a la tutela judicial efectiva», según la providencia. El tribunal ha dado 10 días a la Generalitat, como principal demandada, a la fiscalía y a la Diputación de Alicante, como demandante, para que se pronuncien y den sus argumentos.

REACCIONES // La Conselleria de Educación contesta que «no hay causa», porque «la derogación del decreto de enero es inminente, en breve, porque está en los últimos trámites», y que «una vez la derogación sea efectiva, no habrá decreto al que acogerse» para la inconstitucionalidad. «Sin normativa previa no hay efectos», señalan desde la cartera de Marzà.

Por otra parte, la síndica del grupo popular en Les Corts, Isabel Bonig, definió ayer como «un caos» la situación educativa en la Comunitat y culpó «directamente a Puig» de las «políticas docentes que atacan la libertad». «Que el presidente debe dejar de esconderse en Marzà o en Oltra; es el verdadero responsable».