La Unión Europea da un duro revés al parany científico al considerar que no cumple la directiva europea sobre aves y complica aún más el arduo camino para su legalización como método de caza. Así de contundente se ha mostrado la Comisión Europea, según ha podido saber Mediterráneo, en la respuesta que ha remitido a la Conselleria de Medio Ambiente, después de que esta el pasado mes de noviembre le pidiera su opinión, como máximo órgano en asuntos medioambientales, sobre si los permisos dados para instalar 33 paranys científicos, la mayoría de ellos en la provincia de Castellón, cumplían con el actual marco legal.

“Una vez evaluada la solicitud de la Generalitat Valenciana, la Comisión Europea ha subrayado que la posibilidad de aplicar excepciones para el seguimiento científico de aves migratorias a través del parany no parece compatible con las disposiciones de la directiva sobre las aves”, han asegurado fuentes de la Comisión Europea, quienes han recordado que el carácter no selectivo del parany también fue confirmado por el Tribunal de Justicia de la UE hace ahora 10 años.

Por tanto, Bruselas muestra su clara oposición a estas autorizaciones dadas por la Conselleria y abre un nuevo y difícil escenario que ahora parayers y Administración deberán gestionar. Y es que los 160 aficionados que recibieron la autorización para instalar 33 paranys científicos, que fueron paralizados de forma cautelar hasta conocer la opinión de la Comisión Europea, eran los encargados de realizar los estudios que debían servir de aval para demostrar al Ministerio de Medio Ambiente y a la UE que este método de caza, siguiendo el modelo francés de no dar muerte al animal, entraba dentro de los marcos legales reconocidos.

PRESIONES // Con este rechazo encima de la mesa, la Conselleria deberá ahora decidir si esta suspensión cautelar pasa a ser definitiva y resolver los recursos de alzada presentados por distintos grupos ecologistas, como es el caso de SEO/BirdLife, cuya oposición a estos permisos fue clave para que el Gobierno autonómico pidiera su opinión a Bruselas.

De todos modos, el asunto que más pesó y suscitó las dudas de la Conselleria fue la decisión de la Fiscalía General del Estado de investigar los permisos otorgados para paranys científicos. H