Los tres grupos de la corporación provincial, PP, PSPV y BLOC, han aprobado por unanimidad la moción del Grupo Popular que insta al gobierno central a modificar la Ley de Costas. “Al objeto de conciliar más adecuadamente la defensa de la integridad física y el uso público del dominio público marítimo terrestre, con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley”, tal y como refleja el escrito. Una circunstancia que en la provincia de Castellón afecta a las viviendas de 600 familias agrupadas enla Plataforma parala Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense.
Una entidad creada porla Diputaciónde Castellón en diciembre de2010 apetición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada antela AdministraciónCentraly reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.
El portavoz del Grupo Popular en el pleno, Miguel Barrachina ha destacado que “pedimos la inmediata reforma de la Ley de Costas, tal y como ha anunciado el ministro Arias Cañete, para conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta Ley de Costas, tratando de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales y con la seguridad jurídica”.
El apartado económico ha centrado buena parte de la sesión plenaria con la dación de cuentas del decreto de presidencia de adjudicación de una operación especial de tesorería para anticipar a los ayuntamientos de la provincia a los quela Diputaciónpresta el servicio de gestión recaudatoria. Una acción que ha permitido a la diputación provincial realizar la mayor operación de crédito de su historia al obtener una financiación de 36 millones de euros para aliviar la situación financiera de 75 municipios de los cuales tiene transferida la recaudación.
Barrachina, ha destacado “que esta operación demuestra la confianza de los bancos en el funcionamiento económico de la Diputación y la solvencia de nuestras cuentas. Esto operación de tesorería se formaliza ahora y esta misma semana se pone a disposición de los ayuntamientos, lo que supone resaltar la fiabilidad económica de la diputación provincial en un momento de difícil acceso al crédito por parte de instituciones y particulares”.
La dificultad de obtener financiación y liquidez a los consistorios se ha convertido en el principal obstáculo para hacer frente a las deudas a proveedores y mantenimiento de servicios básicos. Los 36 millones de euros que adelantará la institución provincial suponen un incremento del 33% con respecto a la anualidad de 2011, con un anticipo de 27,6 millones de euros. Los 75 ayuntamientos recibirán hasta el 75% de adelanto de la recaudación, el tope que permite la ley. De esta forma recibirán en febrero una inyección económica que no hubiese llegado hasta el verano, con la paralización administrativa de proyectos.
Las seis mociones presentadas por el PSPV y Bloc han sido desestimadas con los votos del Grupo Popular. Otros asuntos que se han abordado en la sesión plenaria han sido la aprobación del convenio entrela Diputación, Imserso y Federación Española de Municipios y Provincias para la prestación del programa de teleasistencia a los mayores de la provincia. El convenio asciende a 701.896 euros, de los que la diputación aporta para este año 245.666 euros. El total de usuarios que podrán beneficiarse de este convenio son 2.561.
Además, el pleno también ha aprobado la adquisición de equipamiento del centro de atención a personas dependientes Gran Vía. La institución aportará 273.000 euros, lo que supone el 21% del total del importe; el mismo porcentaje aporta el ayuntamiento de Castellón, mientras que la Conselleriade Justicia y Bienestar Social aporta el 58% restante. La vicepresidenta de Acción Social, Esther Pallardó, ha explicado que esta aprobación supone “el último paso para poner en marcha un centro de referencia en la ciudad y en la provincia en la atención a personas dependientes”.
