Los castellonenses con jornadas laborales más largas, de 45 o más horas, han subido ligeramente en el último año, casi un 4%, al pasar de 18.200 a 18.900 empleados, y suponen un 10%, uno de cada diez, según consta en la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de este 2017, hasta junio.
Desde el inicio de la crisis hasta la actualidad los castellonenses con jornadas semanales de 45 horas o más han caído drásticamente, a más de la mitad, un 60,6%. Pero aquellos con empleos de menos de 35 horas a la semana, 54.700, han crecido un 11% en una década y un espectacular 50% en el último año. Aunque las mujeres copan esta modalidad laboral, en los últimos 12 meses se ha disparado la presencia masculina (en 20.000 más).
La cuota de hombres con estos empleos de más carga semanal triplica a la femenina (14.300 frente a 4.700), dado que las mujeres copan más la contratación a tiempo parcial. Sin embargo, en el último año, las empleadas con estos trabajos con jornada más larga han aumentado en 800.
Pese a estar regulado por convenio, los sindicatos han alertado en muchas ocasiones del problema de horas extra no remuneradas; y del empleo que se deja de crear. Esta semana el Congreso ha aprobado reformar el Estatuto de los Trabajadores para crear un registro diario de la jornada laboral que frene abusos de extraordinarias impagadas y eleve esta infracción a grave. Se incluiría el horario concreto de entrada y salida; y se conservaría cuatro años, a disposición de la Inspección de Trabajo, que ya desarrolla campañas de control.
COMPLEMENTOS
Desde UGT, el secretario general en Castellón, Francisco Sacacia, señaló que en la provincia «donde se da más fraude de exceso de horas sin registrar ni pagar es en hostelería y turismo. En otros sectores, un exceso de jornada se disimula con el pago de un complemento por otro concepto porque tiene menor coste que las horas extra».
Por CCOO, el delegado de Empleo Albert Fernández opinó que la reforma será «muy positiva», si bien alertó que «hay sectores y puestos donde es más difícil fichar, como el campo; o donde apenas se hace, como el pequeño comercio. Hay que abordarlo».
Desde la consultora Séneor Laboral, su socio director, Vicent Arrandis, manifestó que «la propuesta del Congreso supone una carga burocrática a las empresas y traba a la flexibilidad». «Hay que perseguir el fraude de horas extra no declaradas y de excesos de jornada ilegales pero la solución pasa por la negociación colectiva, no por dictar más normativa en un país ya saturado de leyes; o aplicar mecanismos tecnológicos de control».
