Los usuarios de ambulancias de Castellón exigen a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que «dialogue» con los trabajadores y «ceda» para evitar la huelga de cinco días que los sindicatos han anunciado y que comenzará el día 3. Asociaciones de pacientes de la provincia prevén que la movilización «perjudique gravemente» a los enfermos, que son «el sector más vulnerable».

Así lo explica el presidente de Cocemfe, Carlos Laguna, quien insiste en que el paro provocará un importante trastorno a los usuarios de las ambulancias y sus familias. «Corremos el riesgo de que muchos enfermos no puedan trasladarse a los hospitales y pierdan sus tratamientos o sesiones de rehabilitación, ya que muchos de ellos no tienen quien los lleve a diario a los centros y tampoco cuentan con recursos para costearse un taxi», asevera.

Laguna defiende el derecho de los trabajadores de las ambulancias de tener «un sueldo digno para ofrecer un servicio de calidad», pero apela a la capacidad de negociación de Montón para desbloquear la situación y llegar a un entendimiento antes del día 3.

«LA SALUD, EN JUEGO» / Unas reivindicaciones que comparten también la Asociación contra el Cáncer de Castellón y la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer Castalia). «Hay servicios tan necesarios en los que la huelga no debería producirse porque hay en peligro vidas y es una cuestión de salud», explica el máximo responsable de AECC, Carlos Camahort.

Por su parte, Juan Doménech, presidente de Alcer Castalia, sostiene que no pueden «ir a favor de un paro que a quien perjudica es al enfermo crónico», y recuerda que «la pelota está ahora en el tejado de la Conselleria».

Los trabajadores de las ambulancias protestarán durante cinco jornadas por los «recortes salariales», tras haberse hecho el concurso del servicio de transporte sanitario a la baja (23 millones por debajo de la anterior licitación). Los empleados temen perder masa salarial y exigen un convenio colectivo «digno».

Según la previsión de los sindicatos, unos 350 trabajadores secundarán el paro, un hecho que afectará a unos mil pacientes.

LA CONSELLERIA / La directora territorial de Sanidad, Azucena Martí, explica, al respecto de las modificaciones en la licitación, que «el contrato vigente que sacó el PP ha sido cuestionado por la Comisión Europea, ya que las condiciones impuestas restringían la libre concurrencia, por lo que no se prorrogará y se ha elaborado uno nuevo referente al precio del contrato». Martí niega «impacto salarial» en los empleados y dice que la Conselleria está «abierta a dialogar» con los trabajadores durante el proceso.