Los planes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para modificar la plantilla del Consorcio Hospitalario Provincial y la nueva relación de puestos de trabajo, que pretende aprobar hoy en consejo de gobierno, se encontraron ayer con el rechazo frontal de la mayoría de los sindicatos representados en el centro, que hablan ya de movilización, en el caso de CCOO, de una acción presuntamente constitutiva de un delito de prevaricación, en el caso del CSIF, o de decisiones injustas, por parte de UGT.

A la protesta se sumó ayer la Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y Usuarios de Castellón, que inició una campaña de recogida de firmas en defensa del centro ya que considera que las medidas de Sanidad suponen el «inicio del desmantelamiento» del hospital. El colectivo vecinal explicó a través de un comunicado que «estos recortes trascienden el ámbito laboral y afecta ya a todos los ciudadanos castellonenses».

Los responsables del Consorcio convocaron ayer a los representantes de los trabajadores a una mesa de negociación, de carácter extraordinario, que se ciñó solo a informar de esta reestructuración de la plantilla, sin la posibilidad de abrir un debate con los agentes sociales, según coincidieron en señalar los delegados sindicales, que mostraron su total descontento por el desarrollo de una reunión que provocó que CCOO anunciara una concentración en el centro para hoy martes, poco antes de que se celebre un consejo de gobierno al que está previsto acuda la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y el presidente de la Diputación provincial, Javier Moliner Gargallo, entidades visiblemente enfrentadas por la gestión del Consorcio y en la que participan al 50%.

ALTA TENSIÓN // La reunión de la mesa de negociación se desarrolló en un clima de máxima tensión, donde no faltaron reproches de los responsables del Consorcio por la publicación de las modificaciones de la plantilla previstas que consideran «confidenciales», según expuso ayer CCOO a través de una nota, en la que se acusó a la Conselleria de «perpetrar un plan de despidos, ceses y amortizaciones de plazas» que calcula en casi medio centenar, además de criticar la opacidad que acompaña a todo el proceso.

No menos contundente se mostró el CSIF, para cuyo sindicato esta situación abocará a un «revés judicial que costará varios millones de euros», además de entender que la «conducta del gestor público puede ser constitutiva de prevaricación». La central calificó esta decisión de «vergonzosa, que acabará en un varapalo judicial para el Consell» ya que ve difícil defender jurídicamente el cese de una parte de los trabajadores para «salvar» a otros cuando la situación de los 124 contratos que cumplen en noviembre es «exactamente la misma», es decir, plazas estructurales, con contratos laborales indefinidos y que la Administración ha venido renovando anualmente durante años.

Desde el sindicato UGT, por su parte, se lamentó las formas empleadas y CSIF recordó que entre los trabajadores «señalados» para cesar ya el próximo 9 de noviembre hay médicos especialistas en oncología radioterápica, neurólogos o anestesistas. H