En el día después de hacerse pública la segunda sentencia que afecta directamente a exaltos cargos del PPCV, la que condena a Ricardo Costa y absuelve a Vicente Rambla, el recorrido judicial de casos de corrupción vinculados con los populares no ha hecho nada más que empezar.

El expresident Francisco Camps está investigado en dos piezas del caso judicial abierto por presuntas irregularidades en la contratación y las obras del circuito de Fórmula 1 (F-1) --vuelve a declarar en una de ellas esta semana--, así como en el denominado caso Valmor, que toma el nombre de la empresa constituida para la gestión de la prueba y cuya deuda fue asumida por la Generalitat valenciana por un euro.

Además, tendrá que juzgarse también, con Camps, el expresidente de Les Corts Juan Cotino y el exvicepresidente del Consell Víctor Campos como imputados, la presunta praxis delictiva que se sospecha en la adjudicación de los contratos realizados desde la administración pública con motivo de la visita del Papa a Valéncia durante el año 2006.

También está vinculada con esta la causa ya conocida como las pantallas del papa, en la que la Audiencia Nacional examinará la adjudicación de los equipos de la visita de Benedicto XVI. Cotino se enfrenta en este caso a una petición de 11 años de cárcel por intervenir a favor de la trama Gürtel. Desde la Udef se apunta que se elevó deliberadamente el precio de las mencionadas pantallas.

EXCONSELLERS // Otra de las piezas sin juzgar y que pasará por la Audiencia Nacional estudia las contrataciones desde otros departamentos de la Generalitat con la trama que dirigía Correa. Manuel Cervera, Alicia de Miguel y Luis Rosado, los tres exconsellers del PP valenciano se sentarán en el banquillo por prevaricación.

Por otra parte, las presuntas irregularidades detectadas en la gestión del Instituto Valenciano de Arte Moderno (Ivam), realizada por Consuelo Císcar, han implicado la apertura de una causa en los juzgados. Entre los procesos que tendrán que pasar por los tribunales destaca el caso Imelsa, derivado de la operación Taula, que investiga el presunto pago de comisiones ilegales en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València Casi todos los concejales del equipo de gobierno municipal están imputados y pendientes de si son o no procesados, en este caso por blanqueo de capitales en la financiación del PP local a través del sistema conocido como pitufeo.