Castellón ha superado ya las 9.000 familias afectadas por ejecuciones desde el inicio de la crisis, en el 2008, contabilizando más de 4 al día. Una de ellas es la de José Manuel Rodrigo y Lidón Rivera, una pareja en paro con cuatros hijos, dos de ellos menores; ella, además, enferma crónica de Cron, con una minus-
valía acreditada, y una abuela de 90 años, que el pasado 20 de noviembre lograron que se paralizara su desahucio in extremis. Ellos ya han elevado al tribunal europeo la documentación de su hipoteca, que creen “tremendamente abusiva”. “Ahora solo cabe esperar; de momento, no nos han desalojado, pero vivimos al día”, explica Rodrigo. “Cumplimos los preceptos del real decreto de noviembre del Gobierno, pero buscamos el amparo en Europa, en el más alto tribunal para estos casos”. H
