La detención de Eduardo Zaplana supone el primer zarpazo real de la Justicia a una persona a la que el instinto político permitió desarrollar una imparable carrera a lo largo de 17 años, que inició como alcalde de Benidorm y culminó como ministro y portavoz del Partido Popular hace una década, cuando se retiró a la empresa privada bajo la sombra de la sospecha sobre su gestión pública.
Nacido en 1956 en Cartagena (Murcia), este abogado se estrenó en política de la mano de UCD, aunque logró sus primeros cargos electos con el PP, en la localidad en la que vivió desde niño, Benidorm, de la que se convirtió en alcalde en el año 1991.
La alcaldía, a la que llegó gracias a lo que algunos acuñaron como marujazo --el voto de la concejala tránsfuga socialista Maruja Sánchez le dio la vara de mando--, fue la plataforma desde la que en 1995 dio el gran salto a la política autonómica.
Así, con 39 años, se convirtió en el segundo president de la Generalitat de la democracia, gracias a un acuerdo de gobierno --el llamado pacto del pollo- con Unión Valenciana, partido regionalista al que el PP acabaría fagocitando para iniciar la siguiente legislatura con una mayoría absoluta que los populares reeditarían hasta 2015.
Siete años estuvo Zaplana al frente del Consell, una etapa en la que impulsó la proyección exterior de la Comunitat y puso en marcha los denominados «grandes proyectos», como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y el parque temático Terra Mítica en Benidorm.
En materia sanitaria impulsó el modelo Alzira para la gestión privada de hospitales públicos y, respecto a su gestión en el Consell, siempre presumió de haber logrado «los mejores indicadores de prosperidad» y de no haber tenido «ningún problema de índole judicial», si bien algunas causas investigadas judicialmente --como el caso IVEX o el caso Terra Mítica-- ocurrieron en sus años de presidencia.
Su nombre también había aparecido en 1990 en las cintas del caso Naseiro, referido a la presunta financiación ilegal del PP en la que se llegó a jactar de «repartir dinero bajo mano» y, más recientemente, al caso Lezo. Antes fue nombrado por Aznar ministro de Trabajo, cargo al que meses después sumó el de portavoz del Gobierno hasta que Rajoy prescindió de sus servicios.
El importante peso que ejercían los zaplanistas en la Comunitat no se vio, sin embargo, correspondido en Castellón, debido a un todopoderoso Carlos Fabra que dominaba el espectro político territorial, lo que le valió para sacar tajada en forma de inversiones en la provincia por parte de Generalitat.
