El 45% de las viviendas de Betxí tienen más de 40 años de antigüedad y tendrán que pasar una ITV obligatoria, normativa que el propio Ayuntamiento ha aparcado “hasta que el Gobierno central apruebe la modificación de la ley, que incluye ayudas para que los propietarios de los inmuebles afectados puedan acogerse a ellas”, tal y como apunta el alcalde, Alfred Remolar.
Al igual que sucediera esta misma semana en la Vilavella, donde se desplomó una casa deshabitada, Betxí registró varios derrumbes en el último trimestre del 2012, tras los cuales el consistorio se puso manos a la obra para elaborar un censo de las edificaciones construidas hace como mínimo cuatro décadas y que, potencialmente, puedan registrar algún defecto. De las 2.000 viviendas, un total de 900 entran dentro de esta categoría.
“A los propietarios de estas construcciones se les ha informado debidamente de los pasos a seguir”, explica Remolar, que afirma que se ha celebrado una reunión entre alcaldía, el área de Urbanismo, arquitectos y técnicos municipales, que deberán actualizar y activar los procedimientos administrativos y poner en marcha las inspecciones. En este sentido, el munícipe asegura que se tratará de fijar “un precio a la baja a la hora de realizarlas”.
El protocolo antiderrumbes activado por el consistorio aborda también un nuevo marco regulador. “Nos basamos en el modelo normativo para municipios de más de 25.000 habitantes pero lo adaptaremos a Betxí”, añade. H
