Su caso trascendió a la opinión pública al finalizar el curso pasado, cuando sus progenitores denunciaron que perdería la escolaridad por la legislación vigente. Aleix es un joven de Vilafranca, de 21 años que padece trastorno del espectro autista (TEA).
Por la normativa y las trabas burocráticas a las que hizo frente iba a perder la escolaridad y, con ello, la oportunidad de seguir formándose en el curso de cocina que le tenía que preparar para la vida profesional.
Ahora, la titular del juzgado número uno del tribunal contencioso administrativo de Castellón ha decretado medidas cautelares para evitar que, mientras culmina el proceso judicial, Aleix pierda todo el año académico.
La Conselleria de Educación deberá admitir al joven como alumno del ciclo de Formación Profesional y facilitar los medios necesarios para hacer efectiva su correcta escolarización.
El progenitor, Juan Antonio Vicente, apunta: «Estamos muy contentos porque nuestro hijo seguirá formándose, pero tristes porque sean los jueces quienes hagan cumplir a la Generalitat».
El prestigioso abogado Juan Rodríguez Zapatero, experto en casos de educación inclusiva, lleva la defensa y subraya: «Lo denunciamos al entender que se vulneraban sus derechos fundamentales, la Convención de las personas con discapacidad, que recogen las Naciones Unidas, así como los artículos 14 y 27 de la Constitución española».
