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Sobreseimiento del caso

Archivan la denuncia de la secretaria de Almenara a la alcaldesa por falsificar un decreto

La jueza señala que la munícipe no alteró los documentos y no existe infracción penal

 

La denuncia de Paloma Sanz contra Estíbaliz Pérez queda archivada - Sánchez

Miquel À. Sánchez
03/03/2018

Archivada. Así queda la denuncia que interpuso la polémica secretaria del Ayuntamiento de Almenara, Paloma Sanz Barrera, en la que acusaba a la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, de falsear y alterar el libro de decretos municipal.

La jueza no ve ningún engaño en el procedimiento y, por lo tanto, concluye que no se cometió infracción penal alguna en los hechos, disponiendo el «sobreseimiento libre» de la causa judicial abordada y finalizada desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Nules.
La querella data del 16 de agosto del 2017 y se incoaron diligencias previas por una presunta alteración del contenido del Decreto oficial 33/15 con la finalidad de obtener el levantamiento de una carga urbanística.

Durante la investigación, se recogió la declaración de investigados, recabaron información registral sobre la finca respecto a la que se levanta la carga en el documento alterado y se obtuvo del consistorio el expediente completo y la notificación denunciada por la secretaria. Dos funcionarios del consistorio corroboraron que no se cometieron irregularidades en la tramitación.

Reacción

La munícipe mostró su satisfacción en las redes sociales, adjuntando la sentencia del auto judicial. «Queda muy claro que no hubo falsedad, ni delito», destacó. Su publicación recibió numerosas muestras de apoyo tras la resolución de la jueza y el esclarecimiento de los hechos. Entre ellos, alcaldes como el de l’Alcora, Samuel Falomir, la Vall, Tania Baños, Cinctorres, Antoni Ripollés, o la teniente de alcalde de Cabanes y diputada provincial, Virginia Martí. También del secretario general del PSPV en la provincia, Ernest Blanch.

Pero el muro virtual de la primera edila también recogió una reacción inesperada, la de la propia Sanz, que a pesar de la firme decisión judicial, que archiva la denuncia, cuestionó el procedimiento al «no practicarse pruebas» y no recoger su versión.