La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela archiva la querella contra cinco exministros, otros dos exaltos cargos y dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, tras descartar un delito penal en la construcción del almacén subterráneo de gas Castor, en Vinaròs.

En concreto, la querella se dirigía contra los exministros socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, que ocuparon la cartera de Industria; Magdalena Álvarez, titular de Fomento, y Elena Espinosa, de Agricultura; así como contra José Manuel Soria (PP), por su etapa en Industria. Interpuesta por presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración y malversación, se extendía además contra el presidente de Escal UGS --concesionaria del proyecto--, Recaredo del Potro; Florentino Pérez, por la participación del 60% que tenía ACS; el exsecretario general de Energía socialista, Ignasi Nieto; y el exconseller de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, el popular Juan Cotino.

En un auto conocido ayer, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 adopta la versión de la Fiscalía al considerar que la obra no responde a una idea «aislada ni peregrina» sino que se debió a una política previamente planeada desde el 2002, antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos.

Contra ello se pronunciaron el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Institut de Drets Humans, que anunciaron que recurrirán la decisión.

Según la jueza, «no parece que la actuación estuviera guiada por un afán de perjudicar los intereses de la Administración, adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley», sino que fue «razonada y documentada».

Actuación

La magistrada señala que la actuación de las personas contra las que se dirigen las acusaciones puede ser discutida jurídicamente, pero recuerda que las discrepancias fueron resueltas por la vía contencioso-administrativa. Y afirma que, «en ningún caso», las resoluciones impugnadas «adolecían de una ilegalidad evidente», y descarta cualquier posible delito de prevaricación.

La causa que se sigue, también por el proyecto Castor, en Vinaròs pierde fuelle tras las pruebas periciales aportadas el pasado mes de noviembre, de las que se hizo eco Mediterráneo.