El expresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de febrero por supuestas irregularidades en la depuradora de Borriol. El juicio contra el que fuera alcalde de Vall d’Alba y otras cinco personas, entre ellas sus hijos y el exprimer edil de Borriol, Adelino Santamaría, comenzará el día 15 de febrero en la Audiencia Provincial y se prolongará durante otras cinco sesiones.

Están acusados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas en relación con la expropiación de unos terrenos donde se iba a construir esta infraestructura en Borriol.

Las defensas de los procesados recurrieron la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, que mandaba continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado. Pero la Audiencia desestimó los recursos y devolvió el caso al juzgado, que en abril dictó la apertura de juicio oral. El tribunal considera que todos ellos actuaron para “obtener beneficio” respecto a la expropiación de los terrenos donde iba la planta.

peticiones // La Fiscalía solicita para Martínez cuatro años de cárcel y 29 de inhabilitación especial como presunto autor de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas. Para Adelino Santamaría pide penas que suman tres años de prisión y 27 de inhabilitación por prevaricación, tráfico de influencias y fraude.

Las presuntas irregularidades en la depuradora se hicieron públicas el mismo día en el que iba a aprobarse en el pleno la expropiación de los terrenos para la planta, en enero del 2014, tras denunciarlo Compromís. Este partido dio parte a la Fiscalía de que la operación se iba a realizar a un precio “seis veces mayor al normal” e iba a beneficiar a una empresa de Martínez y sus hijos. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, le cesó como vicepresidente de la institución. H