Joaquín M. R. está desesperado. Ya hay fecha, el 15 de diciembre, para que se ejecute la sentencia que hace 3 años dictó la Audiencia Provincial de Castellón y que conlleva la demolición de su vivienda habitual, un chalet ubicado en la costa norte de Benicarló, y que levantó en una zona rústica sin contar con los permisos pertinentes. “Era consciente de que me arriesgaba a esto, pero confiaba en que se aprobara el Plan General de Ordenación Urbana y pudiera regularizar la situación”, asegura.

Su vecino formuló una denuncia hace una década acusándole de construir de forma ilegal. El caso fue llevado en primera instancia al Juzgado de Vinaròs y el juez impuso una sanción de 4.200 euros y 8 meses de cárcel a Joaquín M. R., pero no ordenó el derribo porque consideró que se trataba de una zona consolidada. Sin embargo, la acusación particular interpuso un recurso al que se adhirió la Fiscalía y, finalmente, la Audiencia Provincial dictó la demolición total. El propietario abonó al consistorio 30.000 euros por la sanción urbanística.

Ahora, su última esperanza es que dos resoluciones, una de la misma Audiencia y otra del Tribunal Constitucional, le sean favorables y paralicen la demolición. Mientras, la cuenta atrás ha comenzado. “No voy a oponer resistencia”, afirma el afectado. H