El proyecto Castor consistía en la construcción de un almacén de gas en el mar. Sin embargo, los técnicos que realizaron el informe que avaló la aptitud de las instalaciones para la acumulación de este recurso natural no eran expertos en inyección gasista --el método utilizado para ponerlas en marcha--. Así lo aseguró ayer el tercero de los imputados, el directivo del Instituto Geológico y Minero (IGM), Roberto Rodríguez, en su declaración ante el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Vinaròs, Víctor Manuel Capilla, tal y como indicó el abogado de la acusación popular ejercida por Arca Ibérica, Jorge Casal.

Según informó Casal, el tercero de los imputados por la causa citados por el juez argumentó que ni él ni sus compañeros “son expertos ni podían evaluar los riesgos de la inyección”. Pese a ello, reconoció que sí que era consciente de que llevar a cabo este tipo de actividades “generaban microseísmos que no entrañaban riesgos para las personas o el medio ambiente”. Algo que, después, la realidad desmintió, al registrarse más de 500 seísmos de baja intensidad y alcanzar uno de ellos los 4,2 grados en la escala Richter, que fue percibido por la población y creó alarma social.

Estas afirmaciones contrastan con las del primer procesado, el ingeniero del IGM Jesús de las Heras, quien aseguró que, en el 2007, cuando emitió el informe que ratificó la viabilidad de la planta, “desconocía por completo la existencia de riesgos de sismicidad en la zona”, como informó el lunes el abogado Casal.

Además, representan un punto intermedio respecto a las efectuadas también en calidad de imputado por el directivo del ente, José Antonio Fernández, quien confesó que era conocedor de las advertencias de terremotos formuladas por el Observatori de les Terres del Ebre en el 2005, pero justificó que no se realizó trabajo de campo por falta de recursos.

punto a punto // De nuevo, como el resto de citados por el juez Capilla, Rodríguez indicó que en la elaboración del trabajo se ciñeron a lo requerido por la dirección general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria.

Asimismo, a preguntas de la acusaciones y de su propio abogado, el procesado indicó que contaban con mapas sísmicos de la zona que catalogaban el entorno “de muy bajo riesgo sísmico”. Tal y como informó Casal --el imputado no quiso hacer declaraciones ante los medios--, señaló que la falla que hasta entonces estaba cartografiada era la de Amposta, que no era “potencialmente activa”.

Por ello, según dijo el letrado de la acusación, ni él ni sus compañeros del IGM consideraron en su día que existiera peligro ni valoraron que debieran hacer ningún estudio a este respecto.

La declaración de Rodríguez fue algo más corta que la de sus compañeros, pues se prolongó durante tres horas justas. H