A partir de que el pleno del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó apruebe las conclusiones de la comisión de investigación por el caso de la empresa Imesapi, más conocido como el de la escultura del toro, el equipo de gobierno estudiará «todas las opciones» a la hora de pedir cuentas por las supuestas irregularidades cometidas.

Las reacciones no se han hecho esperar, después de que el presidente del citado organismo, Óscar Langa, de Podem la Vall, afirmara ayer que tras 22 meses de trabajo no solo se habrían confirmado las responsabilidades políticas e, indiciariamente, de otro tipo, sino que además «se ha probado que las publicaciones que en su día señalaban a una presunta financiación ilegal de la campaña electoral del 2011, en la que Isabel Bonig era la candidata a la alcaldía, eran ciertas».

La portavoz del PP local, Elena Vicente-Ruiz, recordó que desde el primer momento su grupo municipal estuvo de acuerdo con la investigación, aunque también pidieron «que quedara claro el objeto» porque, a su parecer, la comisión se ha convertido en «una causa universal para dañar la reputación del PP».

En cuanto a evidencias hechas públicas por Langa, como que un representante de Imesapi aseguró que «la idea de la escultura nunca fue de la empresa» y que «se sintieron obligados por el alcalde, el concejal de Urbanismo y el de Fiestas», Vicente-Ruiz dijo que «extraen de manera maliciosa declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad».

Desde el PP, que todavía no ha visto los 100 folios de las conclusiones, se asegura que «no se ha podido probar nada» y, en el caso de que crean que hay algo, «para eso está el juzgado», matizaron.

TRANSPARENCIA // La primera edila vallera indicó que el proceso ha sido un «ejercicio de transparencia, no para ir en contra de nadie, sino a favor de la gente de la Vall, para saber la verdad». La intención del gobierno local es «seguir levantando la deuda reputacional de la ciudad», porque «el dinero público es sagrado».