Tres informes tiene sobre la mesa la alcaldesa de Cabanes, Virgina Martí, que avalan que el consistorio dé una prórroga a la urbanizadora para finalizar los trabajos en el PAI Torre la Sal. Se trata de documentos elaborados por los técnicos, la Generalitat Valenciana y un bufete de abogados externo. Sin embargo, la primera edila se niega a autorizar un trámite que en el último de estos documentos se califica como «imprescindible», según ha podido saber este diario y, ahora, busca un nuevo letrado que certifique qué hace para resolver este problema.

Mientras, esta zona se degrada cada día y, en una carta remitida por los vecinos a la munícipe, estos tildan la situación de «insostenible». En el caso de la última maniobra de la munícipe, los damnificados aseguran no entender el motivo por el cual «hay un trabajo favorable de hace más de cuatro años» y aún no se ha dado un paso adelante. «Obviamente, el abogado lo pagan con nuestros impuestos y esto nos da una idea del desprecio que tienen hacia el ciudadano», remarcan. «Ya veremos cómo justifica la alcaldesa un informe que pudiese ser desfavorable ahora cuando, antes, se han emitido otros tres positivos», alertan las mismas fuentes.

Y recuerdan que, tal y como adelantó ayer este diario, Martí «se comprometió el verano pasado a que las actuaciones se harían de forma inminente, pero no ha cumplido y, por lo tanto, seguimos en una situación de inmovilidad». Piensan que se está ganado tiempo y que, un estío más, deberán soportar vivir con inseguridad, por unos accesos sin iluminación e insalubridad «con ratas, culebras, mosquitos e insectos varios», se quejan.

MIEDO A INCENDIOS / Además, advierten que «doña Virginia nos está poniendo en una situación de riesgo». Entre sus miedos, citan que las hiedras «se están comiendo los transformadores, que están rodeados de hierbas secas. Allí podría haber un incendio».

También relatan que, como la urbanización no ha finalizado, el consistorio se desentiende del mantenimiento. Por lo tanto, aunque se recoge la basura, nadie se encarga de la limpieza de las calles, dando una imagen lamentable de la zona costera.

Por este motivo, los inversores en este programa urbanístico integrado ahora por 750 viviendas han tocado fondo y han decidido denunciar ante la Fiscalía este caso. También acudirán al Defensor del Pueblo en busca de amparo y no descartan acciones administrativas y civiles «por los daños que se nos están produciendo de forma consciente, haciendo responsable al Ayuntamiento y a la alcaldesa de Cabanes de cualquier desgracia personal y material que pudiera ocurrir por su inactividad consciente».