Los propietarios de las casas que están dentro del dominio público marítimo, 600 en la provincia, quieren “garantías” de que podrán tener la titularidad de sus viviendas durante 75 años más desde el año 2018, momento en el que finalizan las concesiones.

Así lo reflejarán en las alegaciones que presentarán al reglamento de la nueva ley de Costas a través de los Ayuntamientos con inmuebles afectados (Nules, Almenara, Xilxes, Moncofa y Cabanes). Esta normativa “deja la puerta a estudiar los casos para preservar las edificaciones, pero no está definida la manera de salvar las casas y de conservar su propiedad y es ahí donde se va a actuar para solicitar garantías y claridad”, explicó el alcalde de Nules y representante de la plataforma provincial de afectados por la ley de Costas, Mario García.

El munícipe reunió ayer a primeros ediles y regidores de localidades costeras para plantear las principales exigencias a aplicar en la norma. Con todo, aseguró que “con el cambio de legislación se consiguió una tranquilidad que antes no teníamos, pero hay muchos aspectos que hay que aclarar para que todos tengan la seguridad sobre sus casas”.

Aparte de las construcciones, otro de los asuntos que preocupa a los municipios son las obras contra la erosión. Sin embargo, para García, lo importante es “primero consolidar lo que ya tenemos y, después, realizar trabajos como la colocación de escolleras”. En este sentido, hay dos frentes abiertos: el litoral de Burriana a Almenara y la zona norte, sobre todo Benicarló y Vinaròs, con problemas de erosión.

“Hay un estudio realizado, el de la Universidad de Cantabria, que ahí se quedó, aunque entendemos que ahora no hay disponibilidad para hacer las obras”, dijo. Con todo, las poblaciones más afectadas consideran que el reglamento debe garantizar la ejecución de los trabajos en aquellas áreas más degradadas.

Otro aspecto a clarificar es a quien correspondería pagar actuaciones que afectaran a propiedades privadas pero en zona de servidumbre, como ocurre en Vinaròs, y los derrumbres.

SIGUIENTES PASOS // Cada administración local presentará sus reclamaciones, recogiendo en cada caso las peticiones de los vecinos afectados. “El documento aún debe pasar por dos cribas hasta su aprobación definitiva, por lo que podrá incluir todas nuestras exigencias hasta la ratificación final por parte del Consejo de Ministros”, aseveró García.

El alcalde de Xilxes, Vicente Martínez, considera que “por lo menos se ha dado una salida y las cientos de personas con este problema que ya no sufren tanto y pueden tener una esperanza”. H