La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer los refuerzos solicitados por el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que instruye las diligencias del conocido como caso Castor, por el que hay imputadas 18 personas por delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. La jueza sustituta permanecía de forma provisional en este órgano judicial, a cuyo frente ya se encuentra el magistrado titular, Víctor Capilla, como apoyo para sacar algunas de las causas pendientes.

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana solicitó al CGPJ que se tratara de una adscripción permanente, como ya publicó Mediterráneo. Una petición que finalmente ha contado con el visto bueno del órgano de control de los jueces. Inicialmente por un periodo de seis meses, esta jueza se ocupará de parte de la actividad ordinaria del Juzgado junto a su titular, quien tendrá la competencia exclusiva en la tramitación del caso Castor.

La comisión permanente también acordó otorgar la prolongación de jornada al secretario judicial, así como solicitar a la Conselleria de Justicia el nombramiento, en régimen de interinidad, de un funcionario del cuerpo de tramitación procesal. El propio ministro de Justicia mostró su predisposición a reforzar el juzgado durante la última visita realizada a Castellón. Y es que tanto la Fiscalía de Castellón como el juez decano de Vinaròs, a través del presidente de la Audiencia Provincial, mostraron la necesidad de incrementar los medios en este juzgado, pues el hecho de tener las competencias en violencia de género le obliga a estar de guardia permanente. Una circunstancia que podría poner en peligro las declaraciones de los imputados y demorar la instrucción de esta causa.

Este juzgado aceptó la denuncia de la Fiscalía en torno a la planta de gas natural Castor, situada frente a la costa de Vinaròs y actualmente en proceso para su hibernación, e imputó a 18 personas por los delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y recursos naturales. Y es que el juez investiga las supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación de la plataforma. El Gobierno ordenó paralizar su actividad tras la crisis sísmica ocurrida en septiembre del 2013. H