Cinco meses sin movimientos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cabanes, fundamental para el desarrollo futuro de Marina d’Or Golf --anulado en dos ocasiones por el TSJCV y recurrido otras tantas ante el Tribunal Supremo por parte de la Generalitat valenciana y de la propia empresa--.
La puesta en marcha del mayor proyecto urbanístico de la provincia, pensado para fomentar el turismo --contempla 18 millones de m2 y una previsión de 35.000 viviendas, campos de golf y hoteles entre Cabanes y Orpesa-- depende, por un lado, de las resoluciones del Alto Tribunal; pero también de la aprobación del PGOU de Cabanes, ya que, este contempla el PAI. De este modo, si el fallo del Tribunal Supremo da la razón al Consell y a la mercantil, este se podrá desarrollar, aún cuando el PGOU no estuviera aprobado.
Sin embargo, si las sentencias del TS ratifican las anulaciones dictadas por el TSJCV, --la primera de ellas debido a un defecto formal, pues la licitación no fue publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas; y la segunda por incumplir una normativa en la declaración de impacto ambiental posterior a su aprobación-- y todavía no se ha dado el visto bueno al PGOU, el PAI no existiría y debería volverse a tramitar desde el inicio.
Sin embargo, si el nuevo planeamiento urbanístico de Cabanes ya tiene luz verde, como recoge el PAI, este podría desarrollarse pese a que el Supremo aún no se hubiera pronunciado, pues tendría cobertura legal suficiente para ello. De ahí la urgencia para tramitar y cerrar el PGOU.
No en vano, la propia consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, manifestó recientemente que confía en sacarlo adelante, “porque el AVE llegará en el 2015 y el aeropuerto estará abierto, de modo que tenemos que tener suelo para llevar a cabo iniciativas”.
Por ello, tras una reunión mantenida en el último trimestre del año, les puso a su disposición a los técnicos del Consell, “como hacemos con los consistorios pequeños que no tienen un gran departamento de Urbanismo”, con el fin de colaborar y agilizar la tramitación que queda pendiente. A este respecto, el Ayuntamiento que preside Estrella Borras “trabaja en el tema”, según fuentes municipales. Sin embargo, desde esa fecha, no se ha producido ningún paso determinante y el departamento autonómico espera los informes que restan.
Respecto al proceso judicial, es muy probable que todos los recursos de casación ante el Supremo por la anulación del PAI no se resuelvan antes del 2015. La decisión de recurrir el primer fallo del TSJCV se anunció por parte de la mercantil en junio del 2013 y, de la Generalitat, en julio. Y las resoluciones de la sala contenciosa del Alto Tribunal tardan una media de año y medio en dictarse, según fuentes del mismo. Es más, pueden transcurrir entre dos y tres meses únicamente para decidir si se acepta a trámite.
En ambos casos, el Ayuntamiento de Cabanes declinó recurrir, argumentando que ya están representados por el Consell. H
