Apenas restan 48 horas para que finalice un largo proceso judicial contra Joaquín M.R. Las máquinas entrarán en su propiedad para ejecutar la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Castellón y que conlleva la demolición de su vivienda habitual, un chalet ubicado en la costa norte de Benicarló que levantó sobre una parcela de unos 1.000 m2 en una zona rústica sin contar con los permisos pertinentes.

Como ya informó este periódico, su vecino formuló una denuncia acusándole de construir de forma ilegal. El caso llegó en primera instancia al Juzgado de Vinaròs y el juez le impuso una sanción de 4.200 euros y ocho meses de cárcel, pero no ordenó el derribo porque consideró que se trataba de una zona consolidada. Sin embargo, la acusación particular interpuso un recurso al que se adhirió Fiscalía y la Audiencia Provincial dictó el derribo.

El denunciado vio desvanecer su esperanza cuando, ayer, recibió la noticia de que el Tribunal Constitucional (TC) no ha aceptado el recurso que presentó para que se paralizara la sentencia.

La Audiencia también indicaba que era el denunciado quien debía hacerse cargo de la obra y, al no ser así, se ha ordenado al Ayuntamiento de Benicarló la ejecución. En este sentido, cabe señalar que el desacato de una orden judicial por lo penal puede suponer para el concejal de turno, en este caso el de Urbanismo, la inhabilitación para ejercer un cargo público, sanción económica, acusación de prevaricación y aplicación de antecedentes penales. Mediterráneo ha podido saber que, desde abril, cuando se iniciaron los trámites para la contratación de una empresa de demoliciones, hasta ahora, el consistorio ha recibido hasta 11 requerimientos de información del juzgado de lo penal interesándose por el estado del proceso.

Por su parte, Joaquín M.R. admite que era consciente que se arriesgaba a esto, porque construyó de una forma que “no era la correcta”, pero confiaba en que “no se llegara a las últimas consecuencias porque en Benicarló proliferan viviendas en la misma situación”. De hecho, señala que no se restaura la legalidad dado que, alrededor de su casa, hay otras con expedientes abiertos. Y asegura que continuará su lucha, pues tiene “intención de llegar al Tribunal de Estrasburgo”. H