Hasta ahora existía la convicción de que la nueva Ley de Costas iba a dar una oportunidad a los propietarios de viviendas en primera fila de la playa de Nules que tuvieran una concesión en vigor, al anunciarse una renovación de estas autorizaciones que podía prolongarse hasta 70 años. Sin embargo, Mediterráneo ha podido saber que tramitar esta solicitud no tiene garantizada una respuesta del Ministerio.

Este es el caso de un vecino al que se le extinguió la autorización en el año 2006. Presentó la documentación ante Costas para acogerse a la prórroga y llegó a proponer por escrito un aumento del canon, acorde al valor catastral de la casa en aquel momento. A día de hoy no ha recibido respuesta. Tampoco se le han vuelto a cobrar las tasas.

Caso distinto en el fondo, pero similar en el resultado, es el de otro propietario que consintió ceder su escritura para lograr la licencia, al reconocer que es la vía con mayor fiabilidad, a día de hoy, que permitiría salvar las construcciones. La propuesta se formalizó hace ya dos ejercicios, sin que se sepa nada todavía.

De las 239 edificaciones de primera fila --que afectan a un total de 295 propietarios--, al menos 81, que se tenga constancia, disfrutan de concesión. Así lo confirmó Manuel Miralles, el arquitecto local que se encargó de inventariar los inmuebles para poder tramitar la declaración de bien de relevancia local que, finalmente, no salió adelante.

Si bien hasta ahora se consideraba que estos casos eran los menos problemáticos, saber que la mayoría de las autorizaciones de ocupación finalizan el mes que viene y que las solicitudes previas siguen sin respuesta solo genera inquietud entre quienes se sentían menos amenazados.

PAGOS // Lo que parece probado es que el Gobierno es implacable en el cumplimiento de sus exigencias. Según fuentes consultadas por este periódico, ya estarían cobrando el canon del primer semestre del 2018, cuando lo habitual es un pago a finales del año, lo que constataría que se dan los acuerdos por caducados.

Así las cosas, la declaración de bien de interés público que piden vecinos y el Ayuntamiento cobra mayor relevancia como única vía segura para salvar el actual perfil costero de este municipio.