La reforma de la ley de Costas --ahora en manos del Senado, que ha de matizar la normativa remitida por el Congreso y retornársela con los cambios aplicados, solicitados a través de enmiendas-- protegerá también a las viviendas situadas en segunda línea de playa de la provincia, especialmente en los municipios de la zona sur.

Se trata de una de las consecuencias de la propuesta presentada por el Partido Popular que reduce la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, por lo que las casas que se encuentran en esos 80 metros de diferencia ya no estarán sometidas a determinados controles para hacer obras o cambios en su estructura.

Y es que, tal y como explicó ayer a este rotativo el diputado de Medio Ambiente y alcalde de Nules, Mario García, la ley “clarifica” la situación de inmuebles y bloques de pisos ya “consolidados” y les da “mayor cobertura jurídica”, pues, debido a la regresión de la costa, podían estar afectados por el área de vuelo (balcones, terrazas....) en las fachadas. De este modo, resuelve la situación de los núcleos de población preexistentes a la normativa de 1988.

Los municipios que se verán beneficiados por esta situación, según García, son Almenara, Xilxes, Moncofa, Nules, una parte de la Serratella de Burriana y Torre la Sal, en el Prat de Cabanes. “No tenía ningún sentido que, en Nules, por ejemplo, en la zona de afección hubiera edificios ubicados al otro lado de la avenida situada junto a la playa”, indicó.

No obstante, este cambio en el reglamento conllevará que no se podrán elevar nuevas construcciones en las áreas afectadas.

El PSOE ha mostrado ya su oposición a la reforma de la ley y a las medidas propuestas por los populares al considerar que el reglamento es “una incautación de los bienes de los españoles”.

CAMBIO CLIMÁTICO // Otra de las modificaciones que ha incluido el PP son una serie de medidas acerca de los efectos del cambio climático. Así, figura la posibilidad de extinguir el derecho de ocupación de propiedades en riesgo de ser alcanzadas por el mar mediante la declaración de situación de regresión grave. Para determinarlo, sería necesaria una orden ministerial y se publicaría en el Boletín Oficial del Estado.

Por otra parte, García recordó que la variación de la norma evitará derribar las aproximadamente 600 viviendas de primera línea de playa existentes en la provincia y que están en el punto de mira, sobre todo en el sur, tal y como ya publicó este periódico. “Antes había un vacío legal y no se sabía que pasaría con esas casas, seguramente se tendrían que derruir y con la nueva ley, los propietarios van a poder pedir una prórroga en la concesión de 75 años más”, añadió el diputado.

Respecto al tipo de actos que podrán tener cabida en las playas y el tipo de instalaciones, como chiringuitos, la modificación no lo especifica y se desarrollará en un reglamento posterior, aunque sí incide en que se deberá garantizar la completa restauración del tramo que ocupado. Se prevé que el Senado dé el visto bueno a los cambios a finales de mes. H