El senador territorial de Compromís Carles Mulet ha informado de que el Defensor del Pueblo ha emitido un informe en el que considera apresurado el pago efectuado por el Gobierno central de más de 1.300 millones a la empresa Escal UGS, concesionaria de la planta Castor, como compensación por el cierre del almacén situado frente a Vinaròs.
Ante este hecho, Mulet ha anunciado que su partido tratará de propiciar que durante el presente año se garantice el cierre de esta instalación, una vez se conozca en los próximos meses el informe del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). El documento del Defensor del Pueblo es en respuesta a la solicitud planteada por la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, cuyo máximo responsable, Joan Ferrando, declaró la semana pasada como testigo en la investigación sobre la planta que sigue un juzgado de Vinaròs.
En el escrito, firmado por Francisco Fernández Marugán, adjunto primero del Defensor, traslada a la Plataforma Ciudadana que, a raíz de sus peticiones, la Dirección General de Política Energética y Minas ha emitido un informe en su opinión “alarmante”, según Mulet, por la que se constata una “ligereza” y “falta de diligencia” al realizar el pago a Escal UGS, sin que se hayan depurado las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar.
El Defensor del Pueblo, además, ha solicitado aclaraciones al informe “sobre los motivos por los que antes de conocer las circunstancias concretas que han llevado al abandono de la concesión, esa Administración ha procedido al pago de la inversión”. Por otro lado, el organismo también advierte de que “no se ha concretado ninguna consideración en cuanto a las consecuencias sociales y económicas que el almacén ha producido”.
“No entenderíamos un informe privado del MIT partidario de reabrir la planta o que desmintiera al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico y Minero, por lo que vamos a reclamar al futuro Gobierno que se desmantele la planta y se depuren responsabilidades”, señaló Mulet. H
