La sismicidad volvió a hacer acto de presencia en la zona próxima al Castor en la madrugada del lunes al martes. Y es que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó a las 2.38 horas un pequeño terremoto de 1,8 grados en la escala Richter a la altura del almacén de gas que se encuentra actualmente en proceso de hibernación, tras haberse producido en su día, mientras se inyectaba gas, un sismo que alcanzó los 4,2 grados. Más tarde, a las 3.40 horas, y algo más al norte, en Riumar (Deltebre), hubo otro de mayor magnitud, de 2,5 grados.

Ambos resultaron imperceptibles para los vecinos de las zonas más cercanas. Y es que, tal y como aseguraron en su día fuentes de Observatorio del Ebro, este tipo de situaciones son habituales en este punto geográfico concreto por las características del lugar.

Con todo, sí que es cierto que son de los primeros movimientos sísmicos que se conocen tras el cierre de la polémica planta. Una situación de stand by que no es del agrado de todos. Y es que los alcaldes de la zona han asegurado en repetidas ocasiones la conveniencia de desmantelar por completo unas instalaciones en las que se realizó una inversión multimillonaria, que se cifró en 1.350 millones de euros, pero el Gobierno no mueve ficha.

DEMANDA DE LOS BANCOS / Precisamente el cierre de la planta llevó al pago de una indemnización por esta cantidad a Escal UGS, la concesionaria de la instalación. Un abono aprobado por un real decreto que meses después el Tribunal Constitucional anuló, por lo que el Gobierno central dejó de pagar a los bancos acreedores. La semana pasada, Bankia, Santander y CaixaBank reclamaron de manera oficial al Ejecutivo central la devolución de ese dinero, sin que todavía se haya negociado al respecto.