El proyecto Castor de Vinaròs está en vías de refinanciación, a pesar de que aún no ha entrado en funcionamiento. Y es que, después de haberse invertido más de 1.300 millones de euros en la construcción del almacén de gas subterráneo situado frente a la costa de la localidad, el grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios) y su socio Dundee Energy se están planteando la manera de refinanciar la deuda que adquirieron con los bancos para ejecutar la infraestructura, según desvela Expansión y como ha podido constatar este diario.
La clave está en las negociaciones que mantienen las compañías y el Gobierno central para poner en marcha las instalaciones. Esto implicaría que el Estado empezaría a retornar la inversión.
El pacto sobre la actuación que se firmó en su día con el anterior Ejecutivo fijaba que la administración debía devolverla en un plazo de 10 años. Sin embargo, el nuevo quiere ampliar los tiempos hasta las 20 anualidades.
EL PROCESO // Las mercantiles que controlan la infraestructura través de Escal UGS, empresa que se encargó de la ejecución del millonario proyecto, firmaron un crédito por 10 años con 20 entidades, entre las que se encontraban Banesto, el Santander, Crèdit Agricole y Societé Generale.
Además, la planta fue incluida en la lista de programas prioritarios de la Unión Europea y seleccionada por el Banco Europeo de Inversiones para estrenar los project bond (bonos de proyecto). Esto suponía que contaba con el aval del ente continental, que garantiza hasta un 20% de la aportación. Esta operación significa que se emitirán bonos para que se pueda comprar deuda, por lo que se prevé recuperar la financiación y, a la vez, obtener beneficios.
Además, según revela el mismo rotativo, el Castor ha de superar la evaluación que demuestre su fiabilidad y viabilidad, que efectúan agencias como Standard & Poors, aunque todo apunta que podría obtener una calificación óptima, lo que le situaría como una buena opción financiera. Además, en un principio, este programa fue calificado de “estratégico”.
‘stand by’ // Mientras, el proyecto está en una fase de stand by, ya que el Ministerio de Industria es el que debe dar el permiso para activar la plataforma e inyectar gas. Aunque las previsiones marcan que se pondrá en marcha durante el primer semestre del año, por el momento, las negociaciones siguen abiertas y se confía en poder llegar a un acuerdo.
El Ayuntamiento también espera el inicio de la actividad, ya que esto supondría unos buenos ingresos para las arcas municipales dada la magnitud de la inversión y de la infraestructura.
Escal UGS pagó a principios de año 500.000 euros al consistorio en concepto de solicitud de licencia de apertura. Un gesto que supuso un alivio para las cuentas municipales, descuadradas por el retraso acumulado. Sin embargo, otro de las aportaciones esperadas es la del Impuesto sobre Bienes Inmuebles especial, que supondrá 800.000 euros cada año, una cifra nada despreciable. H
