La Asociación valenciana de empresas del sector de la energía (Avaesen) exige al Ministerio de Industria que anuncie la duración de la moratoria referente a la aplicación del nuevo decreto que suprime las primas al sector eólico “para que las empresas y sus empleados conozcan cuándo podrán continuar con los proyectos que ya están ejecutando”. De hecho, el director de Avaesen, Salvador Jiménez, afirma que “el sector estará totalmente paralizado en 8 ó 10 meses y no se llevarán a cabo nuevos proyectos”, lo que pone en peligro 2.400 empleos en las zonas afectadas de la provincia.

El anuncio del Gobierno supondrá una hecatombe para el interior castellonense, sobre todo para Els Ports que, además de tener una ampliación pendiente, se sustenta fundamentalmente con los ingresos que le reportan los molinos de viento. Alcaldes de localidades como Vilafranca, Morella y Forcall ya advirtieron que esta nueva coyuntura frenará en seco las posibilidades de desarrollo de los municipios del área.

Asimismo, el director de Avaesen estimó que las pérdidas en “costes ocultos” referentes a actuaciones y estudios previos están estimadas entre los 300.000 y los 400.000 euros. Por todo ello, desde Avaesen reclaman que no se haga efectivo dicho decreto y que, en el caso de que se lleve adelante, la Administración central realice un tratamiento retributivo especial para las instalaciones eólicas, “al menos hasta que puedan ser rentables por sí solas”.

REUNIÓN // Jiménez recogió todas las exigencias del sector en una carta que ha hecho llegar al director general de Energía de la Generalitat valenciana, Antonio Cejalvo, con el objetivo de que este la haga llegar al ministro de Industria, José Manuel Soria, en la reunión que ambos mantendrán en los próximos días.

Entre las demandas de Avaesen se encuentra el aplazamiento de la aplicación del Real Decreto para los proyectos aprobados, así como los que se encontraban en vías de ejecución; y que los estudios a los que se les retire el aval para no incurrir en gastos financieros puedan mantener sus derechos de orden de preasignación para que, al finalizar la moratoria, puedan ejecutarlos.

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cuya empresa tiene pendientes 298 megavatios de los 340 adjudicados en la ampliación de Els Ports en el 2009, dice que el cómputo total de las ayudas que el Gobierno ha eliminado y tendría que abonar en años venideros es mucho mayor que el capital de las mercantiles del sector. H