El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, afirmó ayer que las prisas por dar una solución al Castor tras su paralización, incluida la de pagar la indemnización a sus promotores, eran «evidentes y necesarias» desde el punto de vista de la seguridad y de la financiación de España.

Navia, que contestó a varias preguntas en el Senado sobre el almacén de gas, entre ellas al portavoz de Compromís, Carles Mulet, indicó que España atravesaba «una situación delicada» y que había que cumplir las condiciones de la concesión para que el país no resultara perjudicado. Recordó que el proyecto contaba con financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y no atender el pago de la indemnización hubiera tenido consecuencias con esa institución, importante para financiar infraestructuras.

ejecutar la sentencia // Por su parte, el Síndic de Greuges catalán, Rafael Ribó, insta a los grupos parlamentarios catalanes a que pidan la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Castor. Según el Síndic, la ejecución implica que el Ejecutivo español reclame a Escal UGS, concesionaria del fallido almacén, la devolución de los 1.350.729.000 euros que cobró a finales del ejercicio 2014.