El exministro socialista de Industria Miguel Sebastián no se siente “culpable” de la indemnización de 1.350 millones autorizada por el Gobierno para la empresa concesionaria del almacén subterráneo de gas Castor, y cree que el Ejecutivo tenía opciones “para pagar menos” a Escal UGS, participada en un 66,7 por ACS, en manos de Florentino Pérez.

Sebastián, que firmó el decreto del 2008 que otorgaba a la empresa la concesión de ese almacén situado a 21 kilómetros de la costa de Vinarós, asegura que apenas un mes después de asumir esa cartera ministerial se encontró con un decreto “con la tramitación ya hecha” por parte del anterior equipo, comandado por el exalcalde de Barcelona Joan Clos.

Frente a la polémica desencadenada por el pago de esos 1.350 millones, que Escal ya ha cobrado, Sebastián (ministro del 2008 al 2011) sostiene que el Gobierno actual “podría haber resuelto de otra forma” el problema, “porque el almacén no está operativo”, en contra de lo previsto en el decreto. El problema principal del Castor fue que hubo “un error en la decisión de dónde ubicarlo”, en la que afirma que él no participó, y que competía “al Ministerio de Medio Ambiente y a la empresa”.

En cuanto a la cláusula de aquel decreto que ha permitido a la firma percibir una indemnización, comenta que era “habitual” en almacenes de gas construidos “en otros países” y recuerda que “el Tribunal Supremo la ha validado”. “En todos los países los almacenamientos de gas recaen sobre los usuarios, porque se benefician de ellos. Y los pagan a gusto o bien a disgusto porque es un seguro para el suministro”, dice Sebastián, que no descarta “que en el futuro vuelva”. H