La actualidad política municipal de la Vall d’Uixó sigue centrada en la propuesta de acuerdo que se planteará hoy en el pleno del Ayuntamiento, a fin de reservar el crédito —950.000 euros— para hacer frente a las medidas cautelares impuestas por el juez tras la sentencia del caso Almalafa.
El PP local, a través de su portavoz, Óscar Clavell, insiste en su única línea argumental: el consistorio no se personó en el juicio el 12 de febrero del 2016. «Si uno cuando va a un juicio no sabe si lo va a ganar o lo va a perder, lo pierde al cien por cien si el abogado defensor y los testigos no se presentan», afirma. Una cuestión sobre la cual Fiscalía archivó diligencias ese mismo año.
INVESTIGACIÓN / El edil popular recuerda que en el 2016 solicitaron la apertura de una comisión de investigación, rechazada por todos los grupos municipales a excepción del PP, para esclarecer por qué el consistorio no acudió a su cita con los tribunales. Pero esta no fue su única actuación.
El 28 de julio del mismo año, Elena Vicente-Ruiz, en representación de esta formación, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra la alcaldesa, Tania Baños, por un delito de administración desleal y otro contra la administración pública. La respuesta del fiscal fue archivar la querella.
Según expuso en la propuesta de decreto número 163/16, la acusación no precisaba «en qué medida estimaba que la no práctica de prueba testifical y pericial hubiera podido alterar el resultado del juicio». Además, el fiscal refería una conclusión que el juez contempla en la sentencia: no se le podía pedir a Almalafa que acometiera las mejoras comprometidas, «cuando resultaba evidente que el Ayuntamiento no iba a poder recepcionar las obras en un plazo razonable».
