La Fiscalía de Castellón formalizó ayer, en el decanato de los juzgados de Vinaròs, la denuncia por los hechos “aparentemente delictivos” ocurridos en el entorno del almacén de gas Castor contra los responsables del Ministerio de Industria y el de Medio Ambiente y el Instituto Geológico y Minero durante el Gobierno socialista, que concedieron la autorización, así como Escal UGS, por presuntos delitos de “prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente”. El fiscal jefe en la provincia, José Luis Cuesta, confirmó este nuevo paso y avanzó que solicitará más medios para el tribunal que tenga que instruir la causa, una vez se asigne ya al juzgado correspondiente.
Por tanto, tras este trámite, será un magistrado el que decida si archiva la causa, aspecto nada probable dado que el denunciante es el Ministerio Público, u opte por seguir practicando nuevas diligencias de investigación.
De ahí que Cuesta haya anunciado que, ante las dificultades que presenta este órgano judicial a nivel de personal y medios, va a solicitar de forma urgente una reunión para tratar el asunto con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), Pilar de la Oliva; el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco; así como con el juez decano de Vinaròs, Ignacio Lasierra.
sin demora // “Es necesario dotar de más medios el juzgado sobre el que recaiga el caso para que se resuelva con diligencia y la mayor brevedad posible”, remarcó Cuesta, quien subrayó que, como parte del caso, la Fiscalía estará “muy encima” del procedimiento penal que, con toda probabilidad, se abrirá en las próximas semanas a raíz de las pesquisas abiertas por el Ministerio Público en octubre del 2013 para determinar si existía, como finalmente ha sucedido, responsabilidad penal de quienes autorizaron la construcción de la planta, así como la empresa gestora.
En cuanto a la falta de medios en los juzgados de Vinaròs, Mediterráneo ya informó sobre el temor de los alcalde de la zona de que esta ralentice el caso. H
